https://revistaimpulso.org/
Volumen 5 | Número 9 | Enero- junio 2025 | ISSN:
2959-9040 | ISNN-L: 2959-9040 | Pág. 412 - 429
Percepciones y realidades de la
seguridad ciudadana en Perú: una revisión sistemática
Perceptions and realities of citizen security in Peru: A systematic review
Percepções e realidades da segurança cidadã
no Peru: uma revisão sistemática
Maria de Lourdes Anton-Chunga
dantonch1290@ucvvirtual.edu.pe
https://orcid.org/0009-0008-0721-6951
Universidad Cesar Vallejo – Piura, Perú
http://doi.org/10.59659/impulso.v.5i9.92
Artículo recibido 20 de septiembre de 2024 / Arbitrado
10 de octubre de 2024 / Aceptado 11 diciembre 2024 / Publicado 01 de enero de
2025
RESUMEN
La seguridad ciudadana es esencial para el bienestar
social. Debido a esto, la presente investigación tuvo como objetivo analizar
las percepciones y realidades de la seguridad ciudadana en Perú. Para ello, se
realizó una revisión sistemática cualitativa de 15 estudios realizados en
diversas regiones de este país, publicados a partir del 2020. Para estructurar
el proceso se empleó la guía actualizada PRISMA. Los hallazgos revelan una
percepción desfavorable de la seguridad, vinculada a factores como el desempleo
juvenil, la corrupción y la desconfianza en las instituciones. La ineficacia de
las políticas criminales, la deficiente respuesta institucional ante la
victimización, la insuficiente asignación de recursos y la influencia de la
migración venezolana se identifican como agravantes de la inseguridad. Sin
embargo, se destaca el rol activo de los ciudadanos a través de juntas
vecinales y rondas campesinas. Se conclusión que, resulta crucial abordar la
inseguridad ciudadana en Perú mediante estrategias integrales.
Palabras clave:
Corrupción; Inseguridad; Percepción de seguridad; Política pública; Seguridad
ciudadana
ABSTRACT
Citizen security is essential for social well-being. Because of this, the
present research aimed to analyze
the perceptions and realities of citizen
security in Peru. To do so, a qualitative
systematic review of 15 studies carried
out in various regions of this
country, published since
2020, was carried out. The updated
PRISMA guide was used to structure the
process. The findings reveal an unfavorable perception of security,
linked to factors such as youth unemployment, corruption, and distrust in institutions. The ineffectiveness of criminal policies, the poor
institutional response to victimization, insufficient allocation of resources,
and the influence of Venezuelan migration
are identified as aggravating
factors of insecurity. However, the active role of citizens through neighborhood councils and peasant patrols is highlighted. In conclusion, it is crucial to address
citizen insecurity in Peru through comprehensive strategies.
Keywords: Corruption; Insecurity;
Perception of security; Public policy; Citizen security
RESUMO
A segurança cidadã é essencial para o bem-estar social. Devido a isso, a presente investigação
teve como objetivo analisar as percepções
e realidades da segurança cidadã
no Peru. Para tanto, foi
realizada uma revisão
sistemática qualitativa de 15 estudos
realizados em diversas regiões deste
país, publicados desde 2020. O guia PRISMA atualizado foi utilizado para estruturar o processo. Os
resultados revelam uma percepção desfavorável de segurança, ligada a fatores como desemprego
juvenil, corrupção e desconfiança
nas instituições. A ineficácia das políticas criminais,
a fraca resposta
institucional à vitimização, a insuficiente alocação de recursos e a influência
da migração venezuelana são identificados como fatores agravantes da insegurança. No entanto,
destaca-se o papel ativo dos cidadãos
por meio de conselhos de bairro e patrulhas camponesas. Concluindo, é crucial
abordar a insegurança dos cidadãos
no Peru por meio de estratégias abrangentes.
Palavras chave: Corrupção;
Insegurança; Percepção de segurança; Política pública; Segurança
cidadã
INTRODUCCIÓN
Para el desarrollo y la estabilidad de cualquier
sociedad, la concepción de la seguridad pública y la seguridad ciudadana es
fundamental. La seguridad pública, enfocada en el mantenimiento del orden y la
prevención del delito a través de instituciones como la policía y el sistema
judicial, debe garantizar a los ciudadanos una convivencia armónica dentro del
contexto social (Gonzáles, 2021). Por su parte, Salas et al. (2023) señalan que
la seguridad ciudadana prioriza la protección de los derechos individuales, la
convivencia pacífica y la participación activa de la comunidad en la prevención
de la violencia y el crimen.
Sin embargo, la realidad actual dista de este ideal,
plantea Vivanco (2021) que, en las últimas décadas, el incremento de la
inseguridad ciudadana se ha consolidado como un fenómeno global que impacta
tanto a países desarrollados como en vías de desarrollo, convirtiéndose en un
tema de creciente preocupación para gobiernos y comunidades. Destaca Quintero
(2020) que factores como la globalización, la desigualdad económica, el
narcotráfico y la falta de oportunidades han contribuido al aumento de la
delincuencia y la violencia en diversas regiones del mundo, lo que ha generado
una creciente preocupación ciudadana y un deterioro en la calidad de vida y la
sensación de bienestar.
En el caso específico de Perú, Pacheco (2024) la
inseguridad ciudadana ha alcanzado niveles alarmantes, posicionándose como uno
de los principales problemas que afectan a la población. Según datos recientes,
los índices de delincuencia, robos y violencia han experimentado un aumento
significativo, especialmente en áreas urbanas. Además, la percepción de
inseguridad entre los peruanos se ha intensificado, lo que ha generado un clima
de desconfianza hacia las instituciones encargadas de garantizar la seguridad.
Desde la perspectiva de Vizcarra et al. (2020), a pesar de los esfuerzos del
gobierno por implementar políticas públicas orientadas a combatir este
fenómeno, muchos ciudadanos perciben que estas no son efectivas y carecen de
una estrategia integral que aborde las causas subyacentes de la inseguridad.
Frente a esta problemática, destacan Coz y Pariona
(2023) se debe realizar un trabajo organizado de la policía articulada con el
serenazgo y las juntas vecinales, articulada con la participación ciudadana
para crear estrategias, programas y diseñar políticas en seguridad ciudadana
para controlar la violencia. Esto implica fortalecer las capacidades de las
instituciones responsables, fomentar la participación ciudadana y diseñar
políticas públicas basadas en evidencia que aborden las causas profundas de la
delincuencia. Solo a través de un esfuerzo conjunto y multisectorial será
posible avanzar hacia una sociedad más segura y justa.
Ante este panorama, surgen las siguientes
interrogantes: ¿Cuáles son los factores que más influyen en la percepción de
inseguridad ciudadana en Perú?, ¿Cómo varía esta percepción entre las
diferentes regiones del país? y ¿Qué papel desempeñan las políticas públicas y
la participación comunitaria en esta dinámica? Abordar estas interrogantes a
través de una revisión de investigaciones previas realizadas por la comunidad
científica sobre el tema, permitirá identificar patrones y tendencias
relevantes, así como posibles discrepancias entre la percepción de la población
y la realidad. Este estudio busca contribuir con un análisis riguroso que sirva
como base para la toma de decisiones informadas. Además, pretende representar
un aporte valioso para comprender cómo las políticas actuales han impactado en
la seguridad ciudadana y qué aspectos deben ser reforzados o reformulados. En
consecuencia, se proporcionará un marco para comprender mejor los desafíos
actuales y proponer recomendaciones efectivas para mejorar la situación. Por lo
tanto, el objetivo de la presente investigación es analizar las percepciones y
realidades de la seguridad ciudadana en Perú.
MÉTODO
Enmarcada en una revisión sistemática de tipo
documental y con enfoque cualitativo, esta investigación analizó la literatura
existente sobre las percepciones y realidades de la seguridad ciudadana en
Perú. Para ello, se examinaron diversos estudios recuperados a través de una
búsqueda exhaustiva en bases de datos académicas como Google Scholar, Scopus, Dialnet y
Redalyc, plataformas que albergan catálogos de revistas científicas relevantes
para el tema de estudio. Este proceso aseguró una amplia cobertura de
publicaciones especializadas en el área.
Para refinar la búsqueda, se aplicaron filtros por año
de publicación, idioma y tipo de estudio. Adicionalmente, se emplearon
operadores booleanos para optimizar los resultados y combinar eficazmente
palabras clave que definieran las variables de interés. Dichas palabras clave
se organizaron en las siguientes ecuaciones:
-("seguridad ciudadana" AND Perú)
-("citizen security" AND Peru)
-("inseguridad ciudadana" AND Perú)
-("citizen insecurity" AND Peru)
-("delincuencia" AND Perú AND
"percepción de seguridad")
-("crime" AND Peru AND "perception of security")
-("percepción de inseguridad" AND Perú)
-("perception of insecurity" AND Peru)
-("políticas públicas" AND Perú AND
"seguridad ciudadana") AND (evaluación OR
eficacia OR impacto)
-("public policies" AND Peru AND
"citizen security")
AND (evaluation OR effectiveness OR impact)
-("participación ciudadana" AND Perú AND
"seguridad ciudadana") AND (estrategias OR
iniciativas OR juntas vecinales)
-("citizen participation" AND Peru AND
"citizen security")
AND (strategies OR initiatives OR neighborhood councils)
En la selección de los estudios de esta revisión, se
definieron los siguientes criterios de inclusión: (a) investigaciones
cualitativas sobre las percepciones y realidades de la seguridad ciudadana; (b)
investigaciones que tuvieron lugar en Perú; (c) artículos científicos
publicados en revistas académicas revisadas por pares, (d) publicados entre
2020 y 2024; (e) en español o inglés; y (f) con disponibilidad del texto
completo.
Se excluyeron de esta revisión sistemática los
trabajos que cumplieran con alguno de los siguientes criterios: (a)
investigaciones teóricas sin análisis empírico, resúmenes sin datos relevantes
o que no abordaran directamente las percepciones y realidades de la seguridad
ciudadana; (b) estudios desarrollados fuera de Perú; (c) tesis, páginas web,
resúmenes de congresos o cartas al editor; (d) publicaciones anteriores al
2020; (e) estudios escritos en idiomas distintos al español o inglés; y (f)
falta de disponibilidad del texto completo.
Para estructurar la selección y evaluación de la
literatura, se siguieron las directrices PRISMA (Preferred
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), lo
que garantizó el rigor metodológico y la transparencia de la investigación. La
Figura 1 representa gráficamente este proceso, donde se muestra la trazabilidad
de la información desde 91 registros iniciales hasta la inclusión final de 15
estudios.
Figura 1. Análisis de datos según lo que establece
PRISMA
El análisis temático consistió en identificar patrones
recurrentes en los estudios, tales como los factores que inciden en la
percepción de seguridad, las disparidades regionales y el impacto en la calidad
de vida. De esta manera se sintetizó la información clave para comprenderse las
dinámicas subyacentes de la seguridad ciudadana en Perú. Al reconocerse estos
temas comunes, se facilitó la identificación de áreas prioritarias para la
intervención y el desarrollo de políticas públicas más efectivas.
RESULTADOS
La presente revisión sistemática analizó 15 estudios
científicos publicados entre 2020 y 2024, los cuales exploraron las
percepciones y realidades de la seguridad ciudadana en Perú. La distribución
temporal de las investigaciones – 4 estudios en 2024, 2 en 2023, 3 en 2022, 3
en 2021 y 3 en 2020 – indica la persistente relevancia del tema en la agenda
pública nacional. El interés por el tema está impulsado por factores como la
migración venezolana, la desconfianza institucional generalizada, el aumento de
la criminalidad organizada, la precarización del empleo y la economía informal,
la ineficacia percibida de las políticas públicas, la debilidad institucional y
la falta de coordinación, la normalización de la violencia y la cultura de la
ilegalidad, factores espaciales y urbanos, así como el temor a denunciar y la
impunidad.
Aunque algunos de los estudios tienen un alcance
nacional (Bendezú et al., 2024; Morales et al., 2020), muchos se realizaron en
zonas específicas de Perú como en la región de Lima (Castro y Gonzales, 2024; Kanashiro, 2021; Ponce, 2020), La Victoria (Lima) (Paredes,
2024), Carabayllo (Lima) (Caro, 2024), San Vicente de
Cañete (Lima) (Ramos, 2022), Lurigancho Chosica (Lima) (Castagnola,
2021), San Martín de Porres (Lima) (Gonzales y Bardales, 2020), Tamburco
(Apurímac) (Villafuerte, 2023), Chiclayo (Lambayeque) (Cunya
et al., 2022; Fernández y Benítez, 2022), Cusco y Juliaca (Puno) (Fuentes,
2021) y Asentamiento Humano Pedro Castro Alva (Chachapoyas) (Gaona y Ruiz,
2023). Esta diversidad de regiones refleja que la problemática de la seguridad
ciudadana se manifiesta de manera heterogénea a lo largo del territorio
peruano, influenciada por factores locales y contextos específicos que
requieren un análisis diferenciado y la adaptación de estrategias de
intervención adaptadas a cada realidad. Su heterogeneidad ofrece una
comprensión más rica y compleja del fenómeno, al considerar las múltiples
perspectivas y realidades locales que configuran la seguridad ciudadana en el
país.
En la Tabla 1 se sintetizan los principales estudios
incluidos en el análisis, detallándose los autores, el año, el diseño del
estudio y muestra, el objetivo del estudio, los principales hallazgos y las
conclusiones. Estas investigaciones respaldan la idea de que la seguridad
ciudadana en Perú es un problema complejo y multifacético, influenciado por una
combinación de factores socioeconómicos, institucionales, políticos y
culturales, que requiere soluciones integrales según cada contexto local.
Tabla 1. Síntesis de los
estudios que investigaron sobre las percepciones y realidades de la seguridad
ciudadana en Perú
Discusión
La presente revisión sistemática revela que, en al
menos diez de los estudios analizados, la percepción de inseguridad ciudadana
es consistentemente alta en diversas regiones de Perú, de manera particular en
Lima, Chiclayo y Juliaca. Esta tendencia se alinea con las conclusiones de
otros autores que también han investigado el panorama de la seguridad en el
contexto peruano. Bolaños (2021) argumenta que, para alcanzar niveles elevados
de seguridad, es necesario desarrollar nuevos mecanismos y dinámicas adaptadas
a las realidades actuales, que difieren de las de décadas anteriores. En la
misma línea, Portella (2023) enfatiza la importancia de adoptar políticas de
prevención social que aborden las causas fundamentales de la inseguridad. En
una perspectiva latinoamericana, Vivanco (2021) confirma a través de una
revisión sistemática que la seguridad ciudadana también enfrenta serios
desafíos en la región, y que las políticas, programas y planes implementados
hasta ahora resultan insuficientes para lograr una reducción significativa de
la violencia y el delito.
Esta inseguridad trae impacto a la población, Reid et
al. (2020) señalan que estos sentimientos deterioran la calidad de vida,
especialmente cuando alcanzan niveles excesivos. Esta situación puede acarrear
comportamientos disfuncionales, lo que puede llegar a afectar la salud física y
mental. Los autores también vinculan la inseguridad con la percepción del
riesgo. El miedo al crimen genera una respuesta emocional ante el peligro o la
amenaza percibida. En este contexto, resulta crucial implementar estrategias
que disminuyan la inseguridad, donde se promueva la confianza, se fomente la
interacción comunitaria y reduzca las señales de desorden social y físico.
Las percepciones de inseguridad ciudadana
identificadas en los estudios analizados se relacionan con diversos factores
interconectados. Entre los factores socioeconómicos, destacan el desempleo
(Caro, 2024; Kanashiro, 2021; Morales et al., 2020),
la informalidad económica, el acaparamiento, la especulación y la adulteración
de productos (Castro y Gonzales, 2024), la pobreza (Morales et al., 2020) y las
secuelas de la pandemia de COVID-19 (Ramos, 2022). A estos se suman factores
institucionales y políticos, como la insuficiente asignación de recursos
(Paredes, 2024), la respuesta institucional deficiente ante la victimización
(Paredes, 2024), una política criminal percibida como deficiente e
inconsistente (Castro y Gonzales, 2024), la corrupción (Morales et al., 2020),
la desconfianza en las instituciones (Morales et al., 2020), la falta de
compromiso y responsabilidad de los comités locales de seguridad ciudadana
(Gonzales y Bardales, 2020), la escasez de policías y serenos (Gonzales y
Bardales, 2020), la lentitud en la respuesta policial (Gonzales y Bardales,
2020), la ineficacia de las autoridades e intervenciones policiales (Cunya et al., 2022), la falta de respuesta a las llamadas
de auxilio (Cunya et al., 2022) y las deficiencias en
los niveles y mecanismos de seguridad ciudadana (Cunya
et al., 2022), así como las carencias significativas en recursos tecnológicos y
financiamiento (Ramos, 2022).
Además, en la inseguridad ciudadana influyen factores
sociales y culturales, como la desintegración familiar (Gaona y Ruiz, 2023), la
pérdida de valores (Gaona y Ruiz, 2023), la violencia contra la mujer y en el
ámbito familiar (Gaona y Ruiz, 2023), la presencia de pandillas juveniles
(Gaona y Ruiz, 2023), la drogadicción y la prostitución clandestina (Ramos,
2022), y el temor a denunciar, sumado a la impunidad (Cunya
et al., 2022). Adicionalmente, se identifica la afluencia masiva de migrantes
venezolanos como un factor que puede exacerbar la inseguridad (Bendezú et al.,
2024). Esta multiplicidad de factores debe ser abordados de manera integral y
multidimensional, donde se integren acciones en todos estos frentes,
reconociéndose que el bienestar social, la gobernabilidad y la seguridad son
pilares interdependientes del desarrollo sostenible.
Los factores asociados a la inseguridad ciudadana en
los estudios analizados coinciden con problemáticas abordadas por otros
autores, quienes proponen diversas estrategias para contrarrestarlos. Por
ejemplo, en relación a la delincuencia juvenil, Villalobos (2024), aboga por
medidas preventivas que fomenten una cultura de paz y respeto, impulsen cambios
conductuales positivos en estudiantes con comportamientos disfuncionales y
prevengan conductas ilícitas tanto en el ámbito educativo como familiar y social.
En consonancia, Ccopa et al. (2020) señalan que la
falta de participación juvenil en las juntas vecinales es un factor social
clave que contribuye a la delincuencia, de lo que se resalta la importancia de
involucrar a los jóvenes en la seguridad de su comunidad.
En el caso del factor de la migración venezolana que
ocasiona inseguridad ciudadana en Perú, los hallazgos de Bendezú et al. (2024)
y Ponce (2020) contrastan con los de Castro y Mejía (2020). Estos últimos, al
analizar las tasas delictivas en cincuenta distritos de Lima Metropolitana
durante 2017 y 2018, no encontraron una relación significativa entre la
migración venezolana y los cinco tipos de delitos examinados. Por lo tanto,
Castro y Mejía (2020) concluyeron que la criminalidad en Lima y Callao responde
a otros factores, no vinculados a la migración.
Los hallazgos de algunos estudios analizados en esta
revisión sistemática (Morales et al., 2020; Gonzales y Bardales, 2020)
convergen con la investigación de Pacherres (2024), quien destaca la influencia
significativa de la gestión de políticas públicas en la seguridad ciudadana.
Pacherres (2024) destaca la responsabilidad del Estado en la protección de la
integridad, la vida y la libertad de los ciudadanos, así como en la toma de
decisiones efectivas para la prevención del delito. No obstante, el cumplimiento
de las normativas gubernamentales a menudo enfrenta dificultades, lo que, según
Gonzales et al. (2021), impide que los ciudadanos puedan convivir en un entorno
seguro. Esta perspectiva se ve respaldada por Salas et al. (2023), quienes
señalan diversas precariedades que obstaculizan la aplicación eficiente de las
políticas públicas, tales como la falta de interés por parte de los organismos
nacionales, la ausencia de conocimiento sobre los conflictos sociales al
momento de diseñar las normativas, la carencia de confianza ciudadana hacia las
autoridades y la insuficiente asignación de recursos presupuestarios.
Asimismo se destaca la calidad del servicio policial como un factor crucial para
la seguridad ciudadana, según lo evidencian las falencias reportadas por
diversos autores. En Chiclayo, Cunya et al. (2022)
encontraron que el 73,4 % de los encuestados perciben las intervenciones
policiales como inefectivas para garantizar la seguridad. En San Vicente de
Cañete (Lima), Ramos (2022) identificó un déficit de presencia policial en el
comité provincial de seguridad ciudadana. De manera similar, Gonzales y
Bardales (2020) señalaron la falta de efectivos policiales y la demora en la
respuesta a denuncias en San Martín de Porres. En contraste, Fuentes (2021)
observó una disparidad entre Juliaca, donde la confianza y credibilidad en la
policía son desfavorables, y Cusco, donde ocurre lo opuesto, donde se resalta
el impacto de la calidad del servicio en la percepción de seguridad.
Los hallazgos sobre la calidad del servicio policial
convergen con los resultados de Vilca et al. (2024), quienes, al estudiar este
fenómeno en Lima Norte, evidenciaron un trato deficiente, injusto y denigrante
hacia los ciudadanos en las comisarías. Esta problemática no se limita al
contexto peruano; Anrango y Medina (2022) encontraron en Ecuador que la
desconfianza ciudadana hacia los servicios policiales se relaciona con las
respuestas tardías y la corrupción dentro del cuerpo policial.
Para abordar las deficiencias en la calidad del
servicio policial señaladas en los estudios analizados, Delgado et al. (2025)
destacan avances significativos. Con el objetivo de mejorar la seguridad
ciudadana, la Policía Nacional del Perú (PNP), en
colaboración con los gobiernos locales y la sociedad civil organizada, ha
implementado diversos programas para mantener y restablecer el orden interno.
Entre estos, la PNP ha establecido la estrategia
multisectorial "Barrio Seguro", que incluye la policía comunitaria, a
través de las oficinas de participación ciudadana, como canal de comunicación
con la ciudadanía. Asimismo, se han diseñado e implementado programas
preventivos como las juntas vecinales, la brigada de autoprotección escolar y
las patrullas juveniles. Según una encuesta realizada por los autores, casi la
mitad (49,42 %) de los encuestados considera que la comunicación en las
prácticas de la Policía Comunitaria es "buena", mientras que un
tercio (35,71 %) la califica como "muy buena", lo que indica una
percepción positiva de esta estrategia.
Un aspecto recurrente en los estudios analizados es la
importancia de la participación ciudadana para combatir la delincuencia y
restaurar la seguridad comunitaria. En este sentido Kanashiro
(2021) describe iniciativas vecinales en sectores de bajos recursos de Lima,
donde la vigilancia colectiva y el control de acceso al barrio son estrategias
clave. Este hallazgo se alinea con la investigación de Muñante (2020), en el
contexto peruano, quien destaca el rol fundamental de las acciones políticas y
de apoyo social derivadas de la participación comunitaria para abordar los
problemas de seguridad ciudadana. Este autor concluye que las juntas vecinales
de seguridad ciudadana juegan un papel significativo en la lucha contra la
delincuencia común.
En el contexto latinoamericano, la importancia de las
organizaciones de seguridad ciudadana, como las juntas vecinales, en la lucha
contra la delincuencia también se destaca. Mendoza (2021), a través de una
revisión sistemática, resalta su valor al comprender la realidad comunitaria.
No obstante, el autor también identifica la falta de políticas de seguridad
establecidas y la desorganización administrativa y operacional como
limitaciones en algunas juntas vecinales, cuyas políticas no abordan las causas
profundas del problema.
Además de las iniciativas que promueven la
participación comunitaria, los estudios analizados también resaltan la
importancia del desarrollo de programas preventivos para fortalecer la
seguridad ciudadana. En este sentido, Cjuiro et al.
(2025) proponen la implementación del programa "Juntas Vecinales"
para la prevención del delito, el cual, a través de una comunicación rápida,
contribuye a la vigilancia comunitaria. También, el fortalecimiento de la
"Red de Cooperantes" mediante capacitaciones permite identificar
actividades delictivas. En el ámbito escolar, las Brigadas de Autoprotección
Escolar, que involucran a padres de familia, han demostrado un impacto
relevante en la prevención de delitos, al lograr una disminución de las
incidencias delictivas. A pesar de estos avances, se identifican desafíos
relacionados con la sostenibilidad de las estrategias y la disponibilidad de
recursos logísticos para estos programas.
CONCLUSIONES
Basado en los estudios analizados, se puede aprecia
que la seguridad ciudadana en Perú es un problema complejo y multifacético,
influenciado por una combinación de factores socioeconómicos, institucionales,
políticos y culturales. La percepción de inseguridad es alta y está relacionada
con factores como el desempleo juvenil, la informalidad, la corrupción y la
desconfianza en las instituciones. La política criminal del gobierno central es
percibida como deficiente e inconsistente, y la falta de coordinación entre las
instituciones encargadas de la seguridad ciudadana exacerba la sensación de
inseguridad. Además, la influencia de la migración venezolana y las
consecuencias de la pandemia de COVID-19 han agravado la situación. Sin
embargo, se destaca el papel activo de los ciudadanos a través de juntas
vecinales y rondas campesinas, así como la importancia de la implementación de
programas preventivos y la mejora de la calidad del servicio policial.
Ante estos hallazgos, se torna crucial abordar la
inseguridad ciudadana en Perú mediante estrategias integrales que fomenten la
coordinación interinstitucional, la participación activa de la ciudadanía y la
cooperación multisectorial. Reconocer las particularidades de cada contexto
local resulta esencial para diseñar intervenciones efectivas y adaptadas a las
necesidades específicas de cada comunidad. La difusión de información relevante
también juega un papel fundamental, al empoderar a los ciudadanos y fortalecer
la confianza en las instituciones encargadas de garantizar su seguridad, lo que
contribuye a reducir la incidencia delictiva.
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